En una sociedad secularizada, la carencia de un «metaobservador» como Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe y que finalmente todo lo juzgará en un tribunal celestial donde sus criaturas deberán rendir cuentas, hace preciso un mecanismo que racionalice al máximo su control y que ofrezca un orden alternativo, no por ello menos vigilante, no por ello menos controlador y minucioso. La burocracia es ese mecanismo que, para Weber, tan característico resulta del mundo moderno y sus organizaciones, disputado especialmente por los partidos y sus miembros. Si, en un plano económico, las empresas privadas del mercado constituyen el dato primordial de la modernidad, en política lo es la burocracia pública: en ella el Estado se efectiviza como una organización racionalmente organizada. Al separar al funcionario de los fondos y el equipamiento del sistema público y configurar al mismo tiempo un sistema de tributación estable, el Estado se separa de la persona, se vuelve impersonal y, por tanto, permanente en el tiempo, virtualmente inmortal, a la vez que reduce a la persona a una pieza de engranaje fácilmente recambiable. Al racionalizar la a través de normas y procedimientos precisos y calculados, más o menos fijos, el Estado pone la eficacia en su norte y se asegura de funcionar como una maquinaria bien aceitada.

Al profesionalizar la burocracia, el Estado da por tierra con los cuerpos administrativos patrimoniales, hereditarios y prebendarios, haciendo del trabajo en el sistema público una carrera. Al establecer una fuerza militar propia, organizada y unificada, cuya lealtad última no se le debe a nadie más que a él mismo, el Estado adquiere la capacidad de reclamar para sí el monopolio de la fuerza sobre su territorio. Al ordenar racionalmente el derecho, recostado sobre la necesidad técnica de expertos racionalmente instruidos, el Estado hace de lo jurídico un campo científico abierto a la ingeniería leguleya. Al controlar los institutos de formación de sus ciudadanos, el Estado se asegura de proveerse no solo de nuevos administradores para su burocracia, sino, sobre todo, de lealtad cívica, legitimación y cohesión social. Y, algo que para los propósitos de este libro resulta fundamental: al diferenciar su propia estructura en virtud de un abanico de nuevas tareas y necesidades expansivas, el Estado reconoce distintas áreas de acción a las que aborda de manera especializada: militar, económica, legal, cultural, etcétera. Weber resume todo esto de una manera magistral que recuerda a Tönnies: «La burocracia es el medio de transformar la “acción comunitaria” en una “acción social” organizada racionalmente».

Max Weber, ¿Qué es la burocracia? Buenos Aires: Leviatán, 1991, p. 44).

Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Buenos Aires: Prometeo, 2009, p. 116).

*El campo del derecho es, evidentemente, sometido también a un proceso de racionalización que aquí he decidido no tratar más que tangencialmente. Para reconocer los profundos cambios a los cuales el derecho se somete, vale hacerse la idea de que, en el mundo feudal, por ejemplo, la tradición oral del derecho por lo general era más importante que la escrita. Y lo que estaba escrito, con la excepción de la Gran Bretaña anglosajona, era en latín, una lengua que las masas no interpretaban. La formación en derecho era a menudo en Derecho canónico, quedando el Derecho profano frecuentemente relegado: «Todo en el derecho civil tiene un carácter laico. Dedicarse a un arte tan grosero es salirse de la Iglesia», decía Roger Bacon (citado en Le Goff, Los intelectuales en la Edad Media, p. 103). Todavía más, Bloch pinta el estado de situación de la siguiente forma: «el procedimiento no comportaba la intervención de abogados, y todo jefe era juez. Es decir, que la mayor parte de los jueces no sabían leer: mala condición, sin duda, para el mantenimiento de un Derecho escrito». Asimismo, durante ciertas etapas, de suyo extensas, de la Edad Media, los individuos, independientemente de su lugar de residencia, eran juzgados conforme las costumbres de sus antepasados. Al respecto, el mismo Bloch comenta que «según una frase célebre de un arzobispo de Lyon, cuando en la Galia franca se reunían cinco personajes no había lugar a sorprenderse si —romano, franco salio, franco ripuario, visigodo y burgundio— cada uno obedecía a una ley diferente». En Italia, estas condiciones se mantuvieron hasta el siglo XII. Un tal Tratado de las leyes inglesas, redactado en la corte de Enrique II, se lamentaba: «poner por escrito, en su universalidad, las leyes y derechos del reino sería en la actualidad completamente imposible… tan confuso es su número» (La sociedad feudal, pp. 131-133).

*Las universidades, de las cuales algo ya hemos hablado, empiezan a ser tomadas para sí por el Estado. Una de las primeras universidades medievales, la de París, a la cual nos referimos con anterioridad, por ejemplo, quedó en manos del rey en 1499.